Indicaron, además, que la denuncia constitucional alcanza a Juan Silva Villegas, durante su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Geiner Alvarado López, cuando se desempeñó como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 

Ambos son sindicados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario.

 

Actualmente el presidente Pedro Castillo afronta hasta seis carpetas de investigación por parte del Ministerio Público. Los exministros aparecen en algunas de estas carpetas fiscales como investigados por diversas licitaciones de obras.

 

Desde el Parlamento indicaron que recibieron el documento presentado por la fiscal de la Nación y se procedió a derivarlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde será visto oportunamente.

Durante una conferencia, Benavides enfatizó en que las investigaciones que realiza el Ministerio Público son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando el debido proceso, por lo que remarcó en que están haciendo lo correcto.

 

“Los fiscales no somos actores políticos sino operadores de justicia. Investigamos a partir de los hechos y no de las personas. Estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales”, aseveró.

En ese sentido, la titular de la Fiscalía indicó que tras haber realizado un trabajo “arduo y prolijo” de investigación han encontrado indicios graves de la supuesta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

 

“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, refirió.

Seguidamente, dijo que, a partir de ahora, ya es “es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República” tomar decisiones respecto al trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

 

Finalmente, la fiscal de la Nación indicó que la corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos. Por tal motivo, exclamó que el combate contra este flagelo debe ser unánime en todas las esferas del Estado.